Ayuntamiento de Arahal

El Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (Proteja), aprobado por el Consejo de Gobierno del pasado 8 de junio, destinará 43.882.771 euros para financiar proyectos generadores de empleo en Sevilla y su provincia. Arahal recibirá 381.229,65 euros en base a los criterios de reparto del Plan: el 20% de la inversión responde a la población y el 80% se vinculará de manera directamente proporcional a la media del paro registrado entre los meses de mayo de 2009 y abril de 2010. Todos los municipios tienen garantizados un mínimo de 12.000 euros. 

La nueva edición del Plan Proteja extiende su ámbito de actuación a la contratación de servicios, limitado, en 2009, al contrato de obras. El Proteja 2010 amplía el perfil de los beneficiarios dando prioridad a las mujeres y a los colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo y prioriza, además, los proyectos dirigidos a paliar los daños ocasionados por los temporales del pasado invierno en aquellas localidades dónde aún existan infraestructuras dañadas. Estos 43,8 millones de euros serán destinados a entidades locales (40.882.771 para los ayuntamientos y 3 para la diputación provincial). Además, el plan contempla un presupuesto reservado a llevar a cabo acciones de formación de las personas contratadas y al que corresponde un montante global de 20 millones de euros, que se repartirán entre todas las provincias andaluzas.

Los ayuntamientos podrán presentar, además de nuevos proyectos, otros ya programados pero no iniciados por insuficiencia financiera en ámbitos como la construcción, reconstrucción, mejora y rehabilitación de infraestructuras municipales, instalaciones públicas y parques y polígonos empresariales, o el desarrollo de infraestructuras tecnológicas y de innovación. Respecto a la contratación de servicios, abarcan también las áreas sanitaria, educativa, cultural y de servicios sociales.

Coordinado por la Consejería de Gobernación y Justicia, el programa implica a los departamentos de Hacienda y Administración Pública; Economía, Innovación y Ciencia; y Empleo; a los 105 ayuntamientos de la provincia y a la Diputación Provincial de Sevilla.

El Proteja 2010 introduce, además, medidas para que las contrataciones beneficien al mayor número posible de personas y se realicen con el máximo tiempo de duración. Entre otras disposiciones, se prohíbe emplear por un periodo inferior al de la ejecución del proyecto y se exige que las personas demandantes no hayan tenido relación con la entidad empleadora durante los tres meses anteriores a la oferta de empleo.

En la misma línea, se refuerza el objetivo de que los proyectos financiados den lugar obligatoriamente a nuevos empleos. Se establece así que al menos un 70% del coste de personal de cada iniciativa presentada deberá corresponder a puestos de trabajo de nueva creación. En el caso de las obras, esta partida de personal representará como mínimo el 60% del coste total de ejecución, con la única salvedad –siempre que se justifique– de las actuaciones relacionadas con los daños del temporal.

En relación con las personas aspirantes a ser contratadas, se otorga preferencia a quienes no reciban subsidios ni prestaciones y posean cargas familiares, con especial atención a las mujeres y a colectivos especialmente vulnerables como los parados de larga duración, los mayores de 45 años, los menores de 30 y los discapacitados.

Comisión provincial de participación

Una novedad relevante respecto al primer programa iniciado en 2009 es el refuerzo de la implicación de las organizaciones sindicales y empresariales a través de la creación de la Comisión Provincial de Participación, que se añade a la ya existente de ámbito regional. Sus funciones, recibir información sobre el desarrollo del programa y proponer las mejoras necesarias, serán realizadas por la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Carmen Tovar, presidenta de la comisión; un representante de esta delegación que actuará como secretario; un representante de cada una de las delegaciones provinciales de Hacienda y Administración Pública, Economía, Innovación y Ciencia, Empleo, así como dos vocales designados por las organizaciones sindicales y otros dos por las organizaciones empresariales.

Entre los nuevos mecanismos que se introducen para garantizar el desarrollo efectivo de los proyectos respaldados destaca la penalización que se impone a aquellos ayuntamientos que no hayan iniciado antes del próximo 1 de julio sus obras aprobadas correspondientes al anterior programa. En este caso, de los fondos asignados al consistorio en esta segunda edición se le detraerá la parte equivalente a las actuaciones pendientes, con independencia de las prórrogas solicitadas para acometerlas. Con el objetivo de no perjudicar a las poblaciones de estos municipios, el dinero detraído pasará a ser gestionado por la Diputación Provincial de Sevilla, que lo destinará a iniciativas a favor de los desempleados.

En cuanto al sistema de pagos, el Decreto-ley introduce diversos cambios. Frente al anterior abono de la cuantía total en el momento de la validación del proyecto, y con el fin de agilizar su desarrollo, la Junta de Andalucía realizará ahora el pago en tres partes. Así, el Ayuntamiento recibirá en concepto de anticipo general el 20% de los fondos asignados al municipio; el 60% en el momento de la adjudicación y el 20% restante una vez justificado el proyecto.

Por su parte, y al igual que en el anterior programa, los ayuntamientos tendrán que pagar a los contratistas en el plazo de treinta días naturales siguientes a la fecha de recepción de las certificaciones de obras o de la realización parcial o total del contrato.

Agilización de trámites

El nuevo Proteja establece también medidas para agilizar plazos y garantizar el inicio inmediato de las actuaciones. Como norma general, todas las obras deberán estar comenzadas en el plazo de cinco meses desde la entrada en vigor del Decreto-ley. Para ello, se unifican en un solo procedimiento los trámites de solicitud y presentación del primer proyecto, que deberán remitirse conjuntamente antes del próximo día 1 de julio y por vía telemática a una zona del Portal de Internet de la Junta de Andalucía habilitado al efecto. Para las posteriores propuestas de actuaciones, los ayuntamientos tendrán hasta el 15 de agosto. La delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla irá validando los proyectos a medida que los vaya recibiendo y para ello contará con un plazo máximo de 15 días.

Una vez recibido el visto bueno a cada proyecto presentado, los ayuntamientos contarán con un mes para licitar las obras o servicios (anteriormente no se especificaba periodo sino tan sólo una fecha de justificación de los fondos). En los casos de que se incumpla este plazo o de que no se lleguen a presentar propuestas, los fondos pasarán automáticamente a ser gestionados por las correspondientes diputaciones provinciales. Para el desarrollo de los proyectos, el Decreto-ley establece un plazo máximo de ejecución de doce meses, prorrogables por otros tres en aquellos en los que se acredite una mayor complejidad.

El programa mantiene, finalmente, el plan formativo que ya se recogía en la primera edición. De acuerdo con esta iniciativa, los desempleados que finalicen su participación en las obras municipales participarán con carácter obligatorio en cursos de recualificación hacia profesiones emergentes, de tal forma que su paso por el programa signifique una oportunidad real de encontrar un posterior empleo. Aquellos beneficiarios que no cobran ninguna prestación tendrán derecho, además, a recibir una beca durante tres meses, equivalente al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).

Balance

Esta segunda edición ha sido consensuada con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, la Confederación de Empresarios de Andalucía y los sindicatos UGT y CCOO. Asimismo, cuenta con el informe favorable del Consejo Andaluz de Concertación Local.

En su primera edición, que concluye el próximo 30 de junio, el Proteja ha apoyado 316 proyectos en Sevilla y su provincia, todos ejecutados o en ejecución. Estas actuaciones han generado un total de 2.800 empleos directos.

En cuanto a las características de los proyectos presentados por los ayuntamientos sevillanos es destacable que la mayoría de ellos estaban relacionados con la mejora de centros escolares. En concreto, más de cinco millones de euros han sido destinados a esta finalidad. Poco más de cinco millones de euros se han empleado en la mejora de infraestructuras deportivas. El ámbito de la cultura ha sido, igualmente, uno de los mayores beneficiados, con una inversión global de casi cuatro millones de euros.